El mundo enfrenta una “policrisis” caracterizada por desafíos interconectados en un contexto de bajo crecimiento, alta incertidumbre y fragilidad sistémica. La crisis climática, la exclusión social, la reciente pandemia de COVID-19 y la persistencia de la pobreza constituyen algunos de los retos más urgentes que enfrentamos como sociedad, al tiempo que exigen respuestas cada vez más audaces y coordinadas. En este escenario, y ante factores como la presión migratoria, la creciente demanda habitacional y la insuficiente provisión de bienes, servicios e infraestructura básica, la urbanización adquiere un papel decisivo.
En América Latina, más del 81% de la población vive en ciudades, superando ampliamente el promedio mundial que alcanzará el 68% a 2050 (UN DESA, 2018). Los centros urbanos son el destino deseable donde las mayorías aspiran vivir. No son solo polos de atracción que “facilitan la colaboración, el intercambio de ideas y la innovación social, cultural y tecnológica” (Glaeser, 2011), sino que, en contextos como el Sur global, representan un “extraordinario atajo” hacia la movilidad social. No hay que olvidar que las personas migran del campo a las ciudades, no solo en busca de un techo, sino de oportunidades para ampliar sus capacidades, elegir y desarrollar el tipo de vida que consideran valioso.
Si bien las aglomeraciones ofrecen beneficios, también conllevan externalidades negativas como la congestión, la contaminación, el deterioro ambiental y la especulación del suelo. El desafío es claro: ¿cómo mitigar estos efectos y potenciar los beneficios de la vida urbana? Las ciudades no solo son parte del problema, sino también fuente natural de soluciones (ONU-Hábitat, 2016), pues son vehículos efectivos para alcanzar el bienestar y el desarrollo. Avanzar hacia un mundo más próspero y equitativo exige alcanzar nuevos acuerdos colectivos, y así construir entornos justos, inclusivos y resilientes, capaces de responder a las necesidades presentes y futuras en armonía con el ambiente y otras especies.
Antecedentes de Bogotá: sobre el crecimiento y la importancia de un nuevo paradigma
Al igual que Buenos Aires, São Paulo o Ciudad de México, Bogotá experimentó un vertiginoso crecimiento en la segunda mitad del siglo XX: pasó de 1,6 millones de habitantes en los años 60 a más de 4,9 millones a principios de los 90 (DANE, 2005). Este proceso generó una fuerte presión social, económica y ambiental, visible en la llamada “crisis urbana latinoamericana” de los años 80. Con la Constitución de 1991, Colombia fortaleció la gestión urbana al promover la descentralización y la función social y ecológica de la propiedad. En este marco, Bogotá adoptó en el 2000 su primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en conjunto con instrumentos de financiamiento urbano y gestión de inmuebles para su implementación conforme a la Ley 388 de 1997, y lo actualizó recientemente con el Decreto Distrital 555 de 2021 “Bogotá Reverdece 2022-2035”.
Durante la última década, la ciudad ha mantenido un ritmo de ocupación de suelo menor al promedio latinoamericano -10% frente a 13%, aunque distante de la tasa óptima. Pese a avances en mecanismos innovadores de planeación y gestión, la expansión de la huella urbana ha transformando zonas agrícolas y de reserva en suelo urbanizado, desbordando la periferia. Hoy la ciudad-región Bogotá concentra alrededor de 11 millones de habitantes -22% de la población nacional- y aporta una cuarta parte del PIB, consolidándose como principal motor económico del país, haciendo prioritaria su gestión territorial. Al mismo tiempo, la capital enfrenta un nuevo escenario demográfico: la población comienza disminuir por la combinación de mayor esperanza de vida, bajas tasas de fecundidad y migración hacia municipios cercanos. Estos cambios obligan a replantear el paradigma de crecimiento urbano y a diseñar respuestas acordes a los desafíos de sostenibilidad, equidad y competitividad.
¿Pasando de la contención a la revitalización urbana?
El modelo expansivo de ciudad ha generado altos costos de transporte, pérdida de productividad, exclusión socioespacial, deterioro ambiental y déficit en servicios básicos y espacio público. En Bogotá y otras ciudades, el énfasis en “contener” la expansión ha perpetuado desequilibrios y limitaciones en el desarrollo. Esta realidad se refleja en tres dimensiones: (i) la ciudad formal y planificada; (ii) la ciudad informal, donde la demanda de suelo supera la oferta; (iii) la ciudad huérfana, zonas donde el operador urbano difícilmente llega.
Frente a ello, la revitalización urbana surge como una estrategia que no solo transforma áreas centrales deterioradas, sino que también aprovecha áreas de oportunidad bien servidas por sistemas de transporte masivo, en clave con el desarrollo urbano orientado al transporte (DUOT). El objetivo es convertir estas zonas en motores de inclusión, equidad y sostenibilidad, optimizando la infraestructura existente y reduciendo la presión sobre la estructura ecológica.
Dos vías principales de intervención
- Grandes Operaciones Urbanas: gestionadas por operadores urbano públicos y privados, se apoyan en instrumentos de planeación, gestión y financiación como Planes Parciales (PP) para la expansión, renovación y consolidación de grandes sectores, Actuaciones Estratégicas (AE) cuyo fin es detonar procesos de transformación en piezas urbanas clave, y Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) que aprovechan la infraestructura de transporte masivo. El POT vigente proyecta renovar 7.000 hectáreas en 20 años. Sin embargo, entre 2004 y 2021 apenas se intervinieron 16 de las 3.300 hectáreas a renovar (Renobo, 2020), evidenciando obstáculos estructurales, como demoras en los procesos, dificultades de concertación entre actores e incertidumbre normativa.
- Mejoramiento Integral: bajo el liderazgo de la SDHT y la CVP, busca cerrar brechas en barrios de origen informal transformándolos en espacios inclusivos y dignos, mediante la legalización, la dotación de servicios e infraestructura, y la mejora habitacional y ambiental. El POT establece 7.445 hectáreas para este fin, 191,23 hectáreas susceptibles de legalización y la meta de intervenir el 100% de barrios deficitarios por debajo del promedio de la ciudad. No obstante, la ocupación informal creció 34,5 % entre 2015 y 2024, pasando de 19.640 a 29.965 predios, lo que plantea enormes retos para la gestión.
Hacia una gestión urbana integral
Bogotá cuenta con una institucionalidad robusta y herramientas técnicas avanzadas para proyectos de gran escala y mejoramiento barrial. El desafío es articular una visión compartida para la ciudad existente, desde la escala barrial hasta la metropolitana, que supere la dicotomía entre “contención y la expansión”. La apuesta es una “gestión urbana integral basada en la revitalización”, donde la regeneración de lo existente y la adicionalidad de esfuerzos públicos, privados y comunitarios constituyan el eje de un hábitat más equitativo, sostenible y resiliente.
