El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos de participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y en la correcta utilización de los recursos y bienes públicos. El concepto ampliado lo brindan los artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015.
Se entiende por veeduría ciudadana, el mecanismo democrático de representación que permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, sobre las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y los órganos de control, así como sobre las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y que estén encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.
Para conocer más información sobre el funcionamiento de las veedurías, consulta la Ley 850 de 2003.
¿Cómo participar?
