Para el año 2050, casi el 70% de la población mundial residirá en ciudades, ejerciendo una presión sin precedentes sobre el hábitat. En regiones como América Latina y el Caribe esta situación es aún más crítica, hoy en Colombia casi 80% vive en centros urbanos. Las ciudades son el escenario en donde convergen los desafíos globales, desde la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, el estrés hídrico y el cambio climático hasta la pobreza extrema, las desigualades y la falta de acceso a bienes públicos, a equipamientos y a la vivienda. Pese a lo anterior, las ciudades son también la “fuente de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa” (ONU-Hábitat, 2016). Con más del 80% del PIB global generado en áreas urbanas, su desarrollo bien gestionado, puede generar crecimiento económico, incrementar la productividad, fomentar la innovación, fortalecer los tejidos sociales y ampliar las libertades individuales. Las ciudades son sinónimo de oportunidades, atraen las mejores capacidades y facilitan comportamientos ciudadanos constructivos. Sin embargo, ¿cómo mantener las ciudades competitivas y retener los talentos?, ¿cómo ofrecer oportunidades y acceso para todos?, o ¿cómo reducir su vulnerabilidad (ambiental, social, económica, urbana)?. El entorno global experimenta síntomas de ‘policrisis’ con perspectivas de ralentización del crecimiento, alta incertidumbre y fragilidad (Banco Mundial, 2024).

Al igual que las grandes ciudades del mundo, Bogotá (una ciudad-región con cerca de 12 millones de habitantes), no es ajena a ‘cuestiones’ cada vez más complejas, interconectadas y apremiantes. Por primera vez se evidencia una tendencia en la disminución de población producto de factores como el aumento en la esperanza de vida, caídas en las tasas de fecundidad, y flujos migratorios, principalmente intermunicipales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2024). Se suma a esto retos como la expansión de huella urbana, el crecimiento en ausencia de pago de cargas urbanísticas, el consumo de suelo acelerado y la escasez de suelo habilitado, la alta vulnerabilidad de los ecosistemas de soporte por la variabilidad climática, la fragilidad de sistemas de servicios urbanos en territorios determinados por dinámicas informales y obsolescencia de infraestructura de barrios de origen formal por aumento de densidades o vetustez, la disminución en la composición de los hogares en tándem con la demanda creciente por espacios habitacionales de menor tamaño, y la mayor necesidad de provisión de bienes y servicios en infraestructura urbana.

Políticas públicas y proyectos urbanos

En respuesta a estos desafíos, la ciudad ha venido adoptando medidas en los últimos años desde diferentes niveles. Por un lado, desde la formulación y adopción de políticas públicas e instrumentos asociados al ordenamiento territorial, el cambio climático y el hábitat, y por el otro, desde el diseño, la estructuración e implementación de proyectos urbanos.

  • Política pública e instrumentos: Con la adopción del reciente “Plan de Ordenamiento Territorial (POT) - Bogotá Reverdece 2022-2035” - Decreto 555 de 2021, el Distrito le apostó a una ciudad compacta, densa, y de usos mixtos, que promueve un modelo de ocupación territorial y social equilibrado. Este nuevo modelo le apuntó a la construcción de un hábitat vinculado al entorno físico y ambiental y de la vivienda; un hábitat resiliente al cambio climático y reverdecido, y al uso racional y controlado de los recursos naturales. Asimismo, hizo una gran énfasis en los conceptos de proximidad y del cuidado, y en la mejora de las relaciones funcionales de la ciudad-región. Segundo, el Distrito mediante el Conpes 7820 de 2023 adoptó “Plan de Acción Climática (PAC)” que establece los mecanismos para enfrentar la crisis climática, proyectando una ciudad carbono neutral y resiliente al cambio climático a 20250. La ciudad cuenta además con el Conpes D.C. 35 de 2023, el cual establece la “Política Pública Distrital de Economía Circular 2023-2040 (PDEC)” e identificó como problema central la “prevalencia de modelos de economía lineal basados en la extracción y transformación de recursos para la producción y consumo de bienes y servicios y la inadecuada gestión de residuos” (2023). El objetivo central de la política es realizar la transición hacia la economía circular para el desarrollo sostenible de Bogotá, fomentar la economía circular a través de hábitos, prácticas, actitudes y estilos de vida sostenibles, promoviendo en los actores económicos de la ciudad, las modalidades y patrones de producción y consumo encaminados a la circularidad, dinamizando la gestión del ciclo de los materiales en su aprovechamiento, tratamiento y valorización, y fortaleciendo la gobernanza y la gestión del conocimiento para la transición hacia la economía circular. La SDHT, por su lado, ha dispuesto un robusto abanico de políticas e instrumentos que se alinean con el modelo territorial del POT para el corto, mediano y largo plazo de la ciudad: El Decreto 561 de 20222 que adopta la “Política Pública de Gestión Integral del Hábitat de Bogotá 2022-2031 (PGIH)” tiene como objetivo general el mejoramiento de la calidad del hábitat urbano y rural de la ciudad por medio de una gestión integral del territorio, de la producción y acceso a soluciones habitacionales, soportada en criterios de desarrollo territorial, equidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia institucional. Segundo, el “Plan del Hábitat y Servicios Públicos (PHSP)” - Decreto 615 de 2023 que busca concretar estrategias de gestión integral del hábitat en materia de producción y calidad de la vivienda con soportes territoriales y de prestación de los servicios públicos al año 2035, y la “Política pública de Servicios Públicos” - Decreto 233 de 2023, que tiene realizar la transición de un modelo lineal a uno que integre el concepto de economía circular en el manejo de sus recursos naturales y la prestación eficiente e inteligente de los servicios públicos. Adicionalmente, se cuenta con el “Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral (PIMI)” y más recientemente con el Decreto 431 de 2024, el cual adopta los lineamientos para la ejecución de la política de vivienda y establece los mecanismos para la asignación de subsidios en el marco de los programas de promoción y acceso a soluciones habitacionales para contribuir a la reducción del déficit habitacional.
  • Proyectos urbanos: Con el fin de fortalecer sus capacidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes, Bogotá lleva décadas orientando la activación y el desarrollo de territorios deficitarios y de áreas de oportunidad. La ciudad ha promovido y ejecutado un sinnúmero de proyectos urbanos que contribuyen al mejoramiento de los atributos físicos, económicos o ambientales de la capital (SDHT, 2024). Pese a esto, pocas intervenciones han logrado detonar y/o desencadenar procesos de revitalización urbana de alto impacto. En ocasiones, esto obedece a que el enfoque aislado y fragmentado impide apalancar el desarrollo, y por el contrario, termina por fracturar la ciudad ya construidas ampliándose así las brechas de distribución socio-espacial. A esto se suma la ineficiencia de articulación, ejecución y entrega con duplicidad de esfuerzos a nivel institucional y dispersión de recursos de inversión (focalizando proyectos de bajo impacto) que en últimas termina por minar la confianza ciudadana. 

Como primera conclusión, la SDHT reconoce: (i) desde la óptica de los instrumentos de política, su relevancia para sentar las bases y avanzar hacia un ‘cambio de paradigma urbano territorial’, no solo en la forma en que nos relacionamos con el territorio, sino en la manera en que cuidamos de él y lo intervenimos; y (ii) desde la óptica de los proyectos urbanos, que estos tienen el potencial y la función de concretar la política pública, crear oferta y atender la demanda, así como, de forma coordinada, impactar el territorio legitimando un proyecto ciudadano inclusivo que haga partícipe a los bogotanos desde la escala local y maximice su nivel de incidencia, y (iii) que la ejecución repetida y de la mano de las comunidades de pequeñas obras enfocadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes, diseñando y mejorando el stock público (como lo fueron las obras con saldo pedagógico) con énfasis a la adaptación al cambio climático son también un gran proyecto urbano.

Un diagnóstico basado en las ‘Vulnerabilidades’ 

Existe la necesidad de construir una ‘Estrategia Revitalización de Hábitat (ERH)’ que le permita a Bogotá enfrentar y superar aquello que le ha llevado a reconocerse como ‘vulnerable’. Este documento reconoce múltiples asimetrías (ambientales, socioeconómicas, urbanas), y ‘desequilibrios territoriales del hábitat’. Se identifican tres ‘Vulnerabilidades’ y sugiere que su reversión es viable desde un nuevo enfoque de revitalización. Por último, en la construcción de esta nueva narrativa la SDHT reconoce la importancia de construir entornos que promuevan el bien-estar y la igualdad de las oportunidades, y exalta además el rol del Estado como uno esencial para orientar el acceso a la vivienda y a bienes urbanos para todos, atendiendo especialmente a los más vulnerables.

Gráfica X. Vulnerabilidad VS Oportunidades desde el enfoque de la Revitalización

Vulnerabilidad Territorial

VULNERABILIDAD #1 - Climática y Ambiental

Bogotá es la segunda ciudad del país con mayor vulnerabilidad al cambio climático, y que cerca del 15.5% del área nacional se ubica en rangos de Vulnerabilidad Alta y Muy Alta (IDEAM, 2017 en Conpes 7820, 2023). Durante los últimos años, la ciudad ha presenciado un aumento de eventos climáticos atípicos, subidas de temperatura y sequías, islas de calor que afectan zonas las endurecidas, más de 200 episodios que excedieron los niveles de calidad de aire, incendios forestales en los cerros, movimientos en masa que afectan los asentamientos informales en zonas de alto riesgo no mitigable y déficit de almacenamiento de agua (90 millones m3) para atender la demanda requerida (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2024).

Producto de los desajustes geográficos sobre el ciclo hídrico del abastecimiento de agua de la ciudad, los bogotanos han experimentado racionamiento de agua durante el 2024. El IDEAM ha advertido un incremento en la temperatura y cambios en el régimen de lluvias de manera diferenciada a lo largo y ancho del territorio. Según el análisis del ‘Índice de Riesgo Climático’ (IRC), en el largo plazo se prevé un aumento de precipitación (20% a 30%) hacia el occidente de la zona urbana de la capital para el año 2040, lo que aumentará el riesgo de inundaciones en localidades como Suba, Engativá, Bosa, Kennedy y Fontibón. A su vez, se estima una disminución (-20% a -10%) de las precipitaciones en la parte oriental. Estas zonas presentan un IRC alto, siendo especialmente vulnerables debido a su proximidad a cuerpos hídricos, además se estima “que 6.719 personas y el 30 % del área urbana se encuentran en amenaza de inundación, y coinciden con las localidades que presentan mayores índices de pobreza y densidad poblacional” (SDA, 2022). Conviene entonces, analizar la componente del agua en su ciclo completo y considerar el saneamiento del río Bogotá y su cuenca.

Cerca de 30% de la ciudad construida es de origen informal, con el agravante que 95% de las zonas que monitorea la SDHT se encuentran localizadas en zona de riesgo no mitigable. La clasificación de suelos, incluidos los de protección por riesgo está dada por el Decreto 555 de 2021 que indica cuales son las áreas de alto riesgo no mitigable; zonas que presentan una alta probabilidad para que allí se generen pérdidas humanas, de infraestructura, entre otros. Además del fortalecimiento de la capacidad de respuesta y el control normativo parala construcción, la gestión del riesgo cuenta con el reasentamiento de las familias como uno de los mecanismos más efectivos (IDIGER, 2024), para garantizar la seguridad de los hogares vulnerables, y promover habitas seguros y resilientes. Asociado a la vulnerabilidad del medio ambiente se suma el enfoque convencional para la prestación de los servicios públicos, el cual, en contravía a lo dispuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el Acuerdo de París, históricamente le apostó a un modelo económico lineal, basado en ‘tomar-hacer-desechar’, “(...) extractivista y responsable en gran medida del cambio climático y el agotamiento de los recursos” (SDHT, 2023).

Box 1. La ‘Vulnerabilidad: Climática y ambiental’ desde la revitalización

Para abordar esta vulnerabilidad es preciso transitar hacia un ‘nuevo paradigma’ que reduzca la vulnerabilidad, y nos permita relacionarnos y transformar el territorio bajo nuevos patrones de concepción, producción y uso sostenibles. La ‘transición’ a la densidad y la compacidad propuesta por el POT pasa por cambiar algunos de los paradigmas de cómo habitar y construir ciudadanía. Esta vulnerabilidad, se encuentra fundamentada en la reciprocidad de cuidarnos los unos a los otros. En términos de la ruralidad y los vínculos con lo urbano significa el reconocimiento de la prestación de servicios ecosistémicos de regulación y suelo, de producción y culturales, así como la salvaguarda conjunta complementada con mecanismos de compensación. En términos urbanos requiere un cambio general para revitalizar Bogotá y recuperar sus flujos. Para que lo anterior se concrete es preciso: (i) ajustar las métricas de medición, (ii) innovar con materiales y técnicas constructivas sostenibles, (iii) activar instrumentos novedosos para la preservación de activos ambientales, (iv) cambiar los patrones de consumo, uso y reciclaje para recuperar la conectividad (flujos) y en consecuencia la integridad ecológica y especialmente una acción decidida del estado en la urbanización y reurbanización de la ciudad a construir y por revitalizar. Conviene entonces, considerar los hábitos y niveles de consumo de recursos de la metrópoli, agua, energía, alimentos, territorio, etc.

Reducir la vulnerabilidad climática y ambiental, supone además, avanzar en la implementación de medidas que reduzcan la exposición al riesgo de aquellas familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable, a razón de la inundación, remoción en masa y deslizamientos principalmente. En primera medida es vital asegurar una alta capacidad de coordinación intersectorial, además de atender las ordenes de sentencias judiciales o actos administrativos, y actualizar los inventario de zonas de alto riesgo no mitigable así como adelantar actividades de caracterización de los predios de los hogares a reasentar. Durante el periodo 2024-2027 se estima reasentar 3.200 hogares, en cumplimiento las metas establecidas en el PDD, lo que representa un 33% del total de la meta fijada del POT entre los años 2022 hasta 2035.

Respecto del ‘nuevo modelo de economía circular’ y la prestación de los servicios, es necesario promover acciones con una visión regional y planear la expansión futura. Frente al abastecimiento de agua urge brindar claridad sobre el sistema y a la demanda, recuperar las fuentes hídricas, tratar las aguas residuales que vierten de forma directa. En cuenta a la gestión de residuos, concebirlos como ‘materia prima’ y adoptar campañas que faciliten su correcta separación para disminución de las 6 mil ton/día que se producen en la capital (UAESP, 2021). Otras medidas aplicables a todos los servicios, acueducto, energía, gas, es el fomento de esquemas de control de pérdidas y campañas de consumo eficiente, en todos los casos propiciando condiciones de mercado desde el sector público que se apalanquen de capital privado (CAPEX y OPEX) para atender la demanda existente.

VULNERABILIDAD #2 - Económica y Social

Tras la pandemia covid-19, en los últimos años el país, y la capital, han visto la ralentización en su crecimiento económico con caídas en varios sectores incluido el sector constructor. En términos generales, la desaceleración económica, la inflación y el aumento de tasas de interés que se había sostenido ha afectado el cierre financiero de proyectos inmobiliarios, impactando la oferta de empleo (directo e indirecto), y la capacidad de ingreso de los hogares, así como al sector constructor, que representa ~3,3% del PIB de Bogotá, con encadenamientos en 34 de las 68 actividades económicas y que genera cerca de 208 mil empleos directos (SDHT, 2024).

En materia social, los coletazos de la pandemia han persistido haciendo evidente la fragilidad de los hogares en riesgo de pobreza. Tras el covid-19, cerca de un millón de personas cayeron en situación de pobreza monetaria y tres cuartas partes en pobreza extrema, en su mayoría localizados en Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Rafael Uribe Uribe (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2024). Esa condición de pobreza desde el ingreso mantiene una relación directa con el territorio y otras vulnerabilidades que se le asocian. Al respecto de la falta de acceso a oportunidades, los problemas relacionados con los bajos ingresos y las brechas sociales “(...) se pueden acentuar y explicar dados algunos desequilibrios territoriales que hay en la ciudad. Esta es una relación de doble vía en la que los desequilibrios son causa y a la vez efecto de las problemáticas que enfrenta la ciudad, acentuando así la complejidad de los problemas económicos, sociales y ambientales” (Ibid.,2024).

En cuanto a los ‘desequilibrios territoriales’, dos variables del déficit que se destacan y que guardan una estrecha relación con la seguridad, el bienestar y el potencial, el espacio público y los equipamientos. Frente a la primera variable las Unidades de Planeamiento Local (UPL) como Patio Bonito, Edén y Rincón de Suba cuentan con un menor indicador de espacio público efectivo. Frente a la segunda variable “el 80 % de las UPL presenta algún tipo de déficit que se acentúa en las zonas periféricas del suroccidente y noroccidente de la ciudad” (Ibid.,2024). La evidencia sugiere que la distribución desigual de acceso a infraestructuras y servicios de soportes urbanos impide el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, guardando en muchos casos, correlación con el eventual deterioro, aumento de la percepción de inseguridad, la generación de problemas de salud pública, e incluso la estigmatización social que profundiza fracturas en el tejido social.

Box 2. La ‘Vulnerabilidad: Económica y social’ desde la revitalización

Para abordar esta vulnerabilidad es necesario superar el alcance convencional del concepto ‘reactivación’, y en cambio, adoptar el término ‘revitalización’. El enfoque de la revitalización es útil en tanto se ocupa de (i) generar nuevas dinámicas y funcionalidades en el territorio, no solo recuperar las previas, (ii) suele tener un enfoque de largo plazo y estructural; (iii) incorpora aspectos sociales, culturales y ambientales, no sólo económicos; y (iv) aumenta la inversión público-privada en la reconstrucción de la infraestructura local. La revitalización es un mecanismo para ejercer el ‘derecho a la ciudad’, cerrar brechas y reactivar el aparato productivo de la economía. Las intervenciones de revitalización y de mejoramiento (PIMI) que cubrirán 294.700 m², se estima resulten en la creación de 6.549 empleos directos promedio para la ciudad durante el periodo 2024-2027 (SDHT, 2024).

Ahora bien, ¿puede la ‘revitalización’ servir como alternativa para nivelar la cancha de las oportunidades y equilibrar los desbalances de justicia socio-espacial? En el contexto de este documento la respuesta es un rotundo sí. La pobreza entendida como la “privación de las capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos” y las capacidades como las “(...) libertades fundamentales que disfruta (el individuo) para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar” (Sen, 2000). Si se acepta lo anterior, entonces brindar condiciones de hábitat a través de: (i) la reducción de la vulnerabilidad y adaptación de los tejidos públicos, (ii) el acceso a la vivienda digna, (iii) la cobertura y la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, y (iv) la provisión de espacios públicos y equipamientos de calidad, con entornos urbanos seguros, incluyentes y en proximidad, que reviertan los ciclos de privación de las libertades es más un imperativo que una opción. En resumen, la idea central, soportada bajo el marco teórico de Amartya Sen, sugiere poner en marcha acciones que en su conjunto promuevan la revitalización como catalizador de progreso para que los hogares (incluidos los más vulnerables), en última instancia, se desarrollen y alcancen movilidad.

VULNERABILIDAD #3 - Vivienda, Hábitat e Infraestructura Pública

En cuanto a la vivienda, según el POT con base en cifras DANE se estima que en el periodo comprendido entre los años 2022 y 2035, la ciudad enfrentará una necesidad habitacional de 1’067,525 unidades, impulsada por la creación de nuevos hogares y el déficit cuantitativo existente. De acuerdo con el “Plan de Hábitat y Servicios Públicos (PHSP)”, la ciudad está en capacidad de generar 971.404 soluciones habitacionales en las modalidades de Vivienda nueva urbana por desarrollo de mercado (706.318), Proyectos públicos VIP-VIS (75.581), Aprovechamiento de vivienda usada y reúso de edificaciones (132.945), mejoramiento de vivienda urbana (53.530) y rural (3.030), lo que permite cubrir el déficit y la formación de hogares en un 91%.

El ‘gran desafío de la vivienda’ continúa siendo mayúsculo, entre 2014 y 2023, Bogotá registró un promedio de 34,587 iniciaciones anuales, mientras que la formación de nuevos hogares alcanzó 75,444 por año, generando una brecha de 40,857 unidades habitacionales (SDHT, 2024). Respecto a la ‘demanda de vivienda’ múltiples factores inciden, desde la capacidad de generación de ingresos y ahorro de los hogares, hasta las preferencias frente a gastos distintos a vivienda y/o las expectativas futuras en los precios. Asimismo, inciden factores demográficos, pues la composición de los hogares ha variado de 3.5 miembros por hogar en 2005 a 2.8 en 2018 según datos censales, con esto aumentándose la demanda de microapartamentos y viviendas de menor tamaño. A nivel regional incide también la tasa de crecimiento de los hogares, mientras que Bogotá crece al 2.27%, los municipios aledaños lo hacen al 3.85%, requiriéndose así respuestas conjuntas desde el sector.

Desde el punto de vista de la ‘oferta de vivienda’, la ciudad, como muchas otras, enfrenta escasez de suelo urbano habilitado para suplir una demanda habitacional. Se suma a esto la especulación en los precios del suelo urbano que eleva el valor de las viviendas, dejando (en ocasiones) desatendidos a los segmentos más vulnerables, la crisis en el sector constructor que ha percibido una reducción en los licenciamientos, y cambios en la regulación y norma urbanística, entre otros.

En cuanto al hábitat y la infraestructura pública la revitalización de piezas urbanas se nutre de una escala general de la ciudad, principalmente relacionada con la cercanía a los sistemas de transporte masivo y a la disponibilidad de servicios. En la escala local se alimenta de un trabajo de gobernanza que pretende apoyarse definitivamente en la comunidad y en la acción público privada para lograr construir, no solamente las edificaciones, sino para diseñar y construir también el soporte público local bajo esquemas novedosos de urbanización que aumenten la adaptación al cambio climático. Aunque en términos cuantitativos y cualitativos no se tiene certeza sobre la condición de las redes locales y el estado general del stock público para Bogotá resulta evidente que si la revitalización albergará mayores densidades será necesario, no solamente aumentar la capacidad de las redes, sino cambiar paradigmas de urbanización que permitan responder en términos de diseño los desafíos del cambio climático. Globalmente se ha enfrentado la construcción de lo público del tejido local a través del planteamiento de ‘misiones’ particulares para que “la idea no sea solamente construir más espacios que puedan utilizar las personas, sino hacerlo con una idea ambiciosa de lo que significa vivir bien juntos” (Mazzucato, 1990).

Box 3. La ‘Vulnerabilidad de la vivienda y el hábitat’ desde la revitalización

Para abordar esta vulnerabilidad es necesario concebir la ‘vivienda’ como pilar central de la revitalización. Abordar el desafío habitacional desde este enfoque implica desplegar una oferta integral de hábitat que impulse no solo la producción de unidades de vivienda, sino que en condiciones ideales, se acompañe de una provisión efectiva de servicios públicos domiciliarios, infraestructuras urbanas de soporte y equipamientos de calidad, y que lleguen de forma coordinada. Bajo el lente de la revitalización, el aumento en la producción de nuevas soluciones habitacionales (Mi Casa en Bogotá -asignación de 75 mil subsidios hasta 2027) y el acompañamiento con programas de subsidios y financiamiento para la adquisición de VIS y VIP va mucho más allá de la mera disminución del déficit cuantitativo y cualitativo, le apunta también a dinamizar el aparato productivo, a generar empleos (directos e indirectos), y a catalizar transformaciones urbanas que impulsen la inclusión social y la resiliencia climática.

Posicionar la vivienda como pilar central de la revitalización requiere gestionar eficazmente el territorio, desde la habilitación del suelo, hasta la identificación de predios aptos y edificaciones en desuso subutilizadas con potencial de desarrollo. Específicamente es prioritario (i) implementar medidas que permitan identificar predios aptos donde se pueda desarrollar la vivienda, (ii) priorizar el aprovechamiento de suelo en áreas centrales o subutilizadas, y aplicar los instrumentos de gestión y financiación dispuestos en el marco regulatorio vigente, e (iii) impulsar (en consonancia con el POT, el PHSP y el PDD) el reúso de edificaciones como una estrategia de promover el aprovechamiento de la ciudad construida, priorizando la oferta de VIS y VIP, en venta o arriendo. Solo la rehabilitación de edificaciones de uso comercial o industrial en desuso supone un gran potencial para recibir 100.229 unidades de vivienda (SDHT, 2024). La rehabilitación y construcción de viviendas asequibles en zona central no solo mejora las condiciones de vida de los habitantes, sino que también fomenta comunidades más diversas e integradas, al tiempo que reduce la segregación espacial.

La revitalización del espacio local o de proximidad requiere un tipo de gestión del suelo y de la financiación que involucre directamente a la comunidad y al sector de la construcción y que los ponga en contacto con la construcción de lo público como respuesta al buen vivir y a la adaptación al cambio climático. Incorporar en bienestar para construcción de lo público es uno de los ‘cambios de paradigma’ que pretende la estrategia de revitalización. La SDHT tiene en esto un rol determinante dado que, el mejor uso de los recursos y de la menor emisión de CO2, solo es posible de la mano de los constructores pero especialmente en acompañamiento por el usuario final. Lo anterior implica diseñar e implementar mecanismos novedosos, desde las asociaciones público-privada (APPs) para gestionar y reactivar piezas de ciudad, hasta la utilización de instrumentos novedosos como la Transferencia de derechos de construcción (TDC) para facilitar que propietarios de terrenos de valor ambiental o cultural, puedan transferir sus derechos de construcción a otras zonas donde se habilitará el uso de construcción de vivienda, al tiempo que se asegure la preservación de estos activos.

En resumen, la tres ‘Vulnerabilidades’ enunciadas, constituyen la base contextual y diagnóstica del presente documento. Han servido además como soporte para la construcción de una nueva narrativa de ‘Revitalización del hábitat’ (ver Gráfica) que se articula con la visión del PDD 2024-2027, y contribuye al cumplimiento de sus objetivos y metas. Reconoce también la responsabilidad del Estado y el rol de las políticas públicas para brindar condiciones dignas de hábitat y nivelar los ‘desequilibrios urbanos’ en las zonas más vulnerables, y alcanzar la ciudad del bien-estar y la igualdad de las oportunidades.

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