La formulación de la política pública la lidera la Secretaría Distrital del Hábitat y se encuentra en la fase de formulación y articulación con el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” (2020-2024).
Esta debe definir y diseñar el conjunto de objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos que le permitan a la administración cumplir de manera eficiente sus tareas de planeación y gestión sectorial para el control, vigilancia, ordenamiento y desarrollo de los asentamientos humanos en la ciudad.
La nueva política será un conjunto de objetivos, respuestas y acciones intersectoriales estratégicas y de largo plazo, orientadas a garantizar derechos frente a una problemática pública determinada.
El proceso para la expedición de la política comenzó con una fase preparatoria, en la que se definió la problemática existente, se identificaron las entidades distritales competentes, los actores estratégicos y los mecanismos de participación para la ciudadanía.
Concluida la fase preparatoria, se dio paso a la agenda pública, en la que fueron consultadas más de 120 personas de distintas instituciones y organizaciones relacionadas con el hábitat, expertos académicos y representantes de diversos grupos poblacionales.
Los aportes permitieron reunir los insumos necesarios para el diagnóstico e identificación de los factores estratégicos que deben ser abordados en la nueva política. En esta parte del proceso se tuvieron en cuenta los documentos técnicos aportados por ONU Hábitat.
La política pública será un instrumento activo en el que la ciudadanía podrá participar en la formulación, conocer los resultados y retroalimentar a la administración sobre los efectos logrados.
Según el cronograma de trabajo, la nueva Política Pública Gestión Integral del Hábitat, entrará en vigencia en el próximo mes de octubre una vez reciba las aprobaciones correspondientes. Javier Andrés Baquero Maldonado, Subsecretario de Planeación y Política, aseguró que, con la nueva herramienta, Bogotá mejorará la calidad del hábitat urbano y rural, en una gestión integral soportada en criterios de desarrollo territorial, equidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia institucional.
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