Como resultado del proceso licitatorio SDHT-LP-001-2018 fueron adjudicados al Consorcio Estrategia Social 2018, los contratos N° 484 y 485 de 2018, con el fin de “Realizar acciones que promuevan el embellecimiento, mejoramiento y transformación social y física de los territorios, por medio de estrategias culturales y artísticas que fortalezcan la participación ciudadana”, para los territorios de Ciudad Bolívar, así como para Pardo Rubio y Río de Janeiro, respectivamente.
Dichos contratos fueron adjudicados el 16 de abril de 2018 por la suma de 7.800 millones de pesos. La fecha de inicio de estos fue el 22 de junio de 2018.
Luego de hacer el proceso de evaluación, fue posible constatar que el contratista cumplía con los requerimientos exigidos por la ley y fue elegido por ser el ofertante con menor cuantía y con mayor área de intervención. Es preciso mencionar, que las certificaciones aportadas para el personal mínimo cumplieron con los requisitos solicitados, incluso la ley autoriza casos como el vínculo entre MARIO VALDERRAMA CORDERO y el consorcio que representa el señor FERNANDO VALDERRAMA. Al respecto, es importante reiterar que no existe una restricción legal para emitir certificación de este tipo. Ese documento no aportada calificaciones en el proceso.
Estos son unos contratos sin anticipos y se pagan contra ejecución de obra. Hasta la fecha se le ha desembolsado al contratista la suma de 2.700 millones de pesos de acuerdo con lo que ha certificado la interventoría que está a cargo de HMV Ltda. Por lo que dicho retraso no ha representado pérdida de recursos públicos.
El contratista ha solicitado 3 prórrogas que han sido otorgadas con la autorización de la Interventoría y aceptadas por la Entidad. Sin embargo, cabe anotar que la Secretaría del Hábitat ha iniciado de igual manera el respectivo proceso de incumplimiento, durante el cual se han impuesto obligaciones al contratista como las de cubrir los sobrecostos que han generado los retrasos.
En la actualidad, la Entidad se encuentra en el trámite de un nuevo proceso de presunto incumplimiento, con el fin de tomar las decisiones pertinentes, respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.
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