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Corte Constitucional falló a favor del Distrito en millonaria demanda

Por: john.lamprea
Publicado el: 10 Septiembre 2018
Foto de Bogotá

En 1997, la Alcaldía de Bogotá intervino a la Asociación Nazarena de Vivienda por no contar con registro de enajenador e incumplir normas de inspección, vigilancia y control de vivienda.

Bogotá, 10 de septiembre de 2018. (@HabitatBogota). Por decisión de la Corte Constitucional, notificada en agosto de 2018 y a través de la sentencia T-686 de 2017, se protegió a la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría del Hábitat, el derecho al debido proceso luego de que la entidad fuera demandada por la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la Asociación Nazarena de Vivienda – ASONAVI.

En este proceso, el Distrito Capital había sido demandado ante los jueces civiles municipales y se le había exigido rendir cuentas en el proceso de intervención administrativa de ASONAVI por motivos de captación ilegal y escrituración de bienes inmuebles sin cumplir los requisitos legales.  

El fallo de primera instancia, en sentencia del 30 de marzo de 2007, ordenó en su momento al Distrito Capital el pago de $67.886.443.000 a ASONAVI. En segunda instancia del 6 de septiembre de 2013, se le ordenó al Distrito el pago de $103.870.089.299 a la misma asociación.

Para el 23 de marzo de 2017, el juzgado civil municipal competente limitó el pago a $4.900.000.000 acreditado por los demandantes y actualizó el monto con los intereses de mora desde el 25 de noviembre de 2015.

Frente a esas sentencias, la defensa del Distrito acudió a la Acción de Tutela, ante la Corte Constitucional, y fue el alto Tribunal el que consideró violado el debido proceso al Distrito Capital, por cuanto en el trámite procesal los juzgados de instancia incurrieron en un defecto orgánico, es decir, tramitaron un proceso de rendición de cuentas a quien no estaba obligado a rendirlas y derivaron de él, responsabilidad patrimonial violando el artículo 90 de la Constitución el cual dice que: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.

Finalmente, fue la efectiva estrategia de defensa judicial del Distrito la que permitió asegurar el patrimonio de la ‘Bogotá Mejor Para Todos’ y por el cual los demandantes pretendían el pago de una suma de hasta $229.000.000.000.

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